Artículo del 23 de Febrero del 2009
COMENTARIO: Tailandia, México, Europa del Este... es acaso el turismo sexual tan buena fuente de ingresos para estos países como para permitir que se establezcan estos parísos aquí? (pregunta retórica).
Cada año, el número de la trata de menores de edad en el mundo asciende a 1.2 millones. En México, más de 20 mil son víctimas de explotación sexual comercial infantil y pornografía en una red que cubre a la República de manera organizada gracias a la complicidad de las autoridades.
En los destinos turísticos mexicanos se explota sexualmente a más de 16 mil niñas y niños ante la atenta mirada de la sociedad que ve a los turistas pasear descaradamente de la mano de menores de edad. ¿Por qué lo permiten los hoteleros de nuestras playas? ¿Por qué no hay publicidad que anime a la denuncia como en Costa Rica donde en cualquier recepción de hotel existen folletos contra el turismo sexual infantil?
México se ha convertido ya en la nueva Tailandia, donde la trata de menores de edad es el negocio más rentable después de las drogas y las armas. Este delito se inscribe dentro del crimen organizado, pero aquí las autoridades solo están interesadas en perseguir a narcos, no a los pederastas que abundan protegidos por hombres de poder de importantes niveles económicos y políticos del país.
La implicación de autoridades en la trata de niñas y niños de los casos de “Casitas del Sur” en el Distrito Federal, del Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC (Caifac) en Monterrey y de “La Casita” en Cancún, demuestra que la extensa red nacional de pornografía y prostitución infantil esta estructurada bajo el manto oficial.
La conexión en la desaparición de menores de edad de estos tres albergues infantiles es notoria y alarmante. Los tres tienen relación con la secta de “Los perfectos” dirigida por Jorge Erdely y Sergio Canavati Ayub, este último fundador del albergue de Monterrey en donde sus cuidadores suministraban tranquilizantes a las niñas al volver de vacaciones de Cancún.
Los tres albergues infantiles han recibido financiamiento de los distintos gobiernos locales donde se ubican. Los tres han funcionado gracias a la complicidad de los ministerios públicos y las procuradurías de cada ciudad, las cuales han ignorado reiteradamente las denuncias de los angustiados padres en torno a la privación ilegal de la libertad de las y los menores de edad.
Canavati Ayub aparece como especialista en maxilofacial del Hospital Christus Muguerza de Monterrey, pero hasta ahora nadie lo ha molestado por su participación en supuestas organizaciones no gubernamentales de carácter infantil y religioso como “La Casita”, “Caifac”, “Alas”, “Reintegración social, AC”, “Amor para compartir”, “Desarrollo integral del individuo” o “Esperanza para la familia”.
El escándalo persigue a estas organizaciones ante la pasividad de las autoridades. En Quintana Roo se denunciaron abuso físico y sexual y trata de niños. La directora Patricia Seoane y Leydi Campos Vera, representante legal de “La Casita” fueron acusadas de privación ilegal de la libertad por negarse a entregar niños que posteriormente se descubrió estaban “desaparecidos” o integrados a esta red nacional de tráfico de menores con carácter sexual.
En Monterrey el escándalo de Caifac salió a la luz pública gracias a la huida de una niña de 12 años. Su madre y una tía presentaron una denuncia el pasado 1 de diciembre ante el Ministerio Público por abuso físico. Después de esa denuncia, la hermana y dos primos de la niña que huyó “desaparecieron”. Se trata de Julio César, Diana Elizabeth y Adriana.
En el caso de “Castias del Sur” son siete los niños extraviados, de los cuales seis fueron entregados por alguno de sus progenitores a los albergues, tres directamente a Casitas del Sur y el resto a una congregación cristiana con sede en Pachuca, Hidalgo, filial del albergue. Los niños desaparecidos son Ilse Michel, los niños Brian, Iván, Jorge y los hermanos Natanael, Jefziba y Azael.
Hay muchas preguntas sin contestar en estos casos de trata de menores. Las implicaciones de la Procuraduría de Justicia capitalina en la entrega de niños, después de las denuncias, demuestran una complicidad.
¿Por qué ante delitos tan flagrantes no hay detenidos? ¿Por qué fueron liberados las siete personas que trabajaban en Casitas del Sur? ¿Por qué los gobiernos de Cancún y Monterrey siguieron subsidiando a los albergues denunciados? ¿Desde cuando no hay una redada nacional contra la prostitución y pornografía infantil?
El negocio del comercio sexual de personas deja más de 10 mil millones de dólares en el mundo, mientras la pornografía infantil a través de Internet genera 12 mil millones. Es obvio que particulares y funcionarios públicos mexicanos se están beneficiando de este jugoso tráfico.
Los tres albergues tienen relación con la Iglesia Cristiana Restaurada (ICR), cuyos miembros se hacen llamar “Los Perfectos”. El líder registrado ante Gobernación de esta secta es Antonio Domingo Paniagua quien no ha atendido los citatorios y aparece legalmente como fundador de otro albergue, “Reintegración Social” dependiente de “Casitas del Sur”.
http://www.laneta.apc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=199:mexico-la-nueva-tailandia&catid=64:noticias&Itemid=55
COMENTARIO: Tailandia, México, Europa del Este... es acaso el turismo sexual tan buena fuente de ingresos para estos países como para permitir que se establezcan estos parísos aquí? (pregunta retórica).
Cada año, el número de la trata de menores de edad en el mundo asciende a 1.2 millones. En México, más de 20 mil son víctimas de explotación sexual comercial infantil y pornografía en una red que cubre a la República de manera organizada gracias a la complicidad de las autoridades.
En los destinos turísticos mexicanos se explota sexualmente a más de 16 mil niñas y niños ante la atenta mirada de la sociedad que ve a los turistas pasear descaradamente de la mano de menores de edad. ¿Por qué lo permiten los hoteleros de nuestras playas? ¿Por qué no hay publicidad que anime a la denuncia como en Costa Rica donde en cualquier recepción de hotel existen folletos contra el turismo sexual infantil?
México se ha convertido ya en la nueva Tailandia, donde la trata de menores de edad es el negocio más rentable después de las drogas y las armas. Este delito se inscribe dentro del crimen organizado, pero aquí las autoridades solo están interesadas en perseguir a narcos, no a los pederastas que abundan protegidos por hombres de poder de importantes niveles económicos y políticos del país.
La implicación de autoridades en la trata de niñas y niños de los casos de “Casitas del Sur” en el Distrito Federal, del Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC (Caifac) en Monterrey y de “La Casita” en Cancún, demuestra que la extensa red nacional de pornografía y prostitución infantil esta estructurada bajo el manto oficial.
La conexión en la desaparición de menores de edad de estos tres albergues infantiles es notoria y alarmante. Los tres tienen relación con la secta de “Los perfectos” dirigida por Jorge Erdely y Sergio Canavati Ayub, este último fundador del albergue de Monterrey en donde sus cuidadores suministraban tranquilizantes a las niñas al volver de vacaciones de Cancún.
Los tres albergues infantiles han recibido financiamiento de los distintos gobiernos locales donde se ubican. Los tres han funcionado gracias a la complicidad de los ministerios públicos y las procuradurías de cada ciudad, las cuales han ignorado reiteradamente las denuncias de los angustiados padres en torno a la privación ilegal de la libertad de las y los menores de edad.
Canavati Ayub aparece como especialista en maxilofacial del Hospital Christus Muguerza de Monterrey, pero hasta ahora nadie lo ha molestado por su participación en supuestas organizaciones no gubernamentales de carácter infantil y religioso como “La Casita”, “Caifac”, “Alas”, “Reintegración social, AC”, “Amor para compartir”, “Desarrollo integral del individuo” o “Esperanza para la familia”.
El escándalo persigue a estas organizaciones ante la pasividad de las autoridades. En Quintana Roo se denunciaron abuso físico y sexual y trata de niños. La directora Patricia Seoane y Leydi Campos Vera, representante legal de “La Casita” fueron acusadas de privación ilegal de la libertad por negarse a entregar niños que posteriormente se descubrió estaban “desaparecidos” o integrados a esta red nacional de tráfico de menores con carácter sexual.
En Monterrey el escándalo de Caifac salió a la luz pública gracias a la huida de una niña de 12 años. Su madre y una tía presentaron una denuncia el pasado 1 de diciembre ante el Ministerio Público por abuso físico. Después de esa denuncia, la hermana y dos primos de la niña que huyó “desaparecieron”. Se trata de Julio César, Diana Elizabeth y Adriana.
En el caso de “Castias del Sur” son siete los niños extraviados, de los cuales seis fueron entregados por alguno de sus progenitores a los albergues, tres directamente a Casitas del Sur y el resto a una congregación cristiana con sede en Pachuca, Hidalgo, filial del albergue. Los niños desaparecidos son Ilse Michel, los niños Brian, Iván, Jorge y los hermanos Natanael, Jefziba y Azael.
Hay muchas preguntas sin contestar en estos casos de trata de menores. Las implicaciones de la Procuraduría de Justicia capitalina en la entrega de niños, después de las denuncias, demuestran una complicidad.
¿Por qué ante delitos tan flagrantes no hay detenidos? ¿Por qué fueron liberados las siete personas que trabajaban en Casitas del Sur? ¿Por qué los gobiernos de Cancún y Monterrey siguieron subsidiando a los albergues denunciados? ¿Desde cuando no hay una redada nacional contra la prostitución y pornografía infantil?
El negocio del comercio sexual de personas deja más de 10 mil millones de dólares en el mundo, mientras la pornografía infantil a través de Internet genera 12 mil millones. Es obvio que particulares y funcionarios públicos mexicanos se están beneficiando de este jugoso tráfico.
Los tres albergues tienen relación con la Iglesia Cristiana Restaurada (ICR), cuyos miembros se hacen llamar “Los Perfectos”. El líder registrado ante Gobernación de esta secta es Antonio Domingo Paniagua quien no ha atendido los citatorios y aparece legalmente como fundador de otro albergue, “Reintegración Social” dependiente de “Casitas del Sur”.
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