Noticia del 1 de Noviembre del 2008
Chamizo demanda a Justicia un grupo de trabajo que aporte posibles soluciones
Dice que el fenómeno sigue en 2008A.
"Hay que hacer algo más de lo que se hace". José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, volvió a mostrar ayer su preocupación ante la implicación de menores de edad en delitos relacionados con las nuevas tecnologías.
"Hay que hacer algo más de lo que se hace". José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, volvió a mostrar ayer su preocupación ante la implicación de menores de edad en delitos relacionados con las nuevas tecnologías.
La reclamación de Chamizo, expresada en la presentación del informe del menor de 2007 ante comisión parlamentaria, fue directamente dirigida a la Consejería andaluza de Justicia. Como medida preventiva, el Defensor reclamó la creación de un grupo de trabajo que elabore un estudio "riguroso" ante los "emergentes" casos de acoso a menores grabados y exhibidos en internet. La difusión de estas imágenes se convierte a veces para Chamizo "en una vulneración del derecho a la intimidad, al honor o en supuesto ilícito".
Ya el pasado año, el Defensor abrió tres quejas de oficio sobre el acoso o agresiones a menores grabados con teléfonos móviles que posteriormente fueron exhibidas en internet. En el presente año, el fenómeno "continúa" y la institución ha tenido conocimiento durante estos meses de casos "duros" de cyberbullying. "Es un problema que no ha terminado", advirtió. Al margen de este estudio, Chamizo consideró que deben ser los fiscales de menores los que se impliquen en el asunto, junto al grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, cuyo trabajo está dando resultados en temas de pedofilia. El Defensor aseguró que se ha transmitido esta urgencia a los fiscales y que la respuesta es que necesitan un cambio en la legislación nacional.
"Me parece que eso es esperar demasiado", anotó en declaraciones a los periodistas posteriores a su comparecencia. Chamizo defendió además la necesidad de una reflexión global sobre la responsabilidad legal de los menores de 14 años, que si cometen hechos delictivos no pueden ir a centros de reforma en aplicación de la Ley del Menor. Estos niños no pueden ser imputados y quedan fuera de los programas de reeducación, aseguró.
El informe de la institución aborda también el concepto de urbanismo "contra" los niños, al carecer las políticas urbanísticas de una regulación específica para determinadas actividades de ocio de los menores, como los parques infantiles. En contra de lo que aconseja Unicef, crear "ciudades habitables" para los niños, "la gente protesta porque juegan a la pelota en una plaza. ¿Qué van a hacer?", se preguntó.
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