Noticia del 11 de Noviembre del 2008
COMENTARIO: La misma noticia en otro medio. Personalmente me cuesta que sean 35.000 españoles los posibles turistas sexuales en busca de menores, pero también me costaba creerme otras cosas y finalmente terminé levantado este blog...
Una organización de defensa de los derechos de los menores denuncia que la legislación nacional es permisiva con los delincuentes que cometen sus fechorías en el extranjero
Los turistas sexuales españoles gozan de una total impunidad. EFE
Vergüenza doble. Según la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM), entre 30.000 y 35.000 españoles viajan anualmente a Latinoamérica expresamente para tener relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes. Además, ningún tribunal nacional ha condenado a ciudadano alguno que haya utilizado las redes de prostitución infantil durante sus viajes al extranjero.
La coordinadora general del área de comunicación de este organismo, Isabelle Peris, aclaró que el principio de extraterritorialidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite juzgar a los presuntos pederastas españoles que actúan fuera de nuestras fronteras.
Sin embargo, «la ambigüedad» del Código Penal en este tema, la carencia de campañas de sensibilización efectivas y la «ausencia de mecanismos eficaces de cooperación policial internacional» han provocado «la actual situación de impunidad». Asimismo, recordó que España tenía que haberse adaptado a la normativa europea antes de enero del 2006. Así, la ley a este respecto es la más tolerante.
De hecho, en Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y EEUU, por citar solo algunos ejemplos, ya se han producido condenas contra ciudadanos de estos países por abusos, agresiones o corrupción de menores fuera de sus Estados de origen. Sin embargo, «En España no se puede perseguir con la ley en la mano al cliente de prostitución infantil, sino tan solo al proxeneta».
Además, la jurisprudencia «genera una desprotección de los niños totalmente inusual en Europa», porque «responsabiliza al menor de su propio grado de corrupción». Es decir, que si el niño lleva ya tiempo prostituyéndose se puede considerar que el cliente no ha favorecido su corrupción, y puede ser absuelto.
«No se tiene en cuenta el principio superior de la defensa del interés del menor, que es un colectivo especialmente vulnerable que la sociedad debe amparar si se encuentra en situación de riesgo», recalcó.
Respecto a la colaboración policial, la defensora de los derechos del menor consideró que el problema «no es solo la corrupción policial imperante en algunos de los llamados paraísos sexuales», sino también «la falta de voluntad del Gobierno central para tomar medidas».
Así, por ejemplo, España no realiza las llamadas pruebas preconstituidas que permitirían tomar declaración con garantías a las víctimas y a los testigos en el país donde se haya efectuado el delito. Las comparaciones pueden llegar a ser lamentablemente odiosas. Estados Unidos tiene en muchas de sus embajadas en Asia profesionales encargados de personarse en este tipo de testificales para asegurarse que hay garantías legales y facilitar que, posteriormente, el juez las acepte como pruebas.
La falta de sensibilidad de la población sobre este tema es «otro punto esencial», según Peris, que aseveró que «hay infinidad de estereotipos falsos que facilitan la explotación de los niños».
Los turistas sexuales españoles no son todos pedófilos, es decir, no todos presentan una patología clínica, sino que muchos utilizan los servicios de menores de manera esporádica, escudados en estereotipos falsos como que En estos países los menores maduran antes o que A estos niños y adolescentes les haces un favor porque no tienen qué comer.
En el territorio nacional también está aumentando la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, en parte, por la extensión de ciertos estereotipos. Así, por ejemplo, el número de delitos por consumo de material de este tipo en internet ha crecido un 72 por ciento entre el 2006 y el 2007, porque «la gente piensa que ver una foto que mucha gente ha visto antes no es delito, cuando en realidad no se trata solo de una instantánea, sino de la prueba de un delito». España es también país de destino de redes de trata de menores, en general procedentes de los países subsaharianos y de Europa del Este.
Pero el problema no se circunscribe a los menores emigrantes o a los residentes en países pobres, ya que el fenómeno japonés llamado Enjo kosai se está extendiendo por todos los países occidentales, según Peris. Este término se utiliza para describir una práctica cada vez más habitual en el país asiático, donde hombres mayores regalan ropa u otros objetos de consumo a adolescentes a cambio de compañía o servicios sexuales. «El creciente mercantilismo de la sociedad facilita que los menores acepten convertirse en objeto de consumo intercambiables por otros objetos de consumo», apostilló Peris.
COMENTARIO: La misma noticia en otro medio. Personalmente me cuesta que sean 35.000 españoles los posibles turistas sexuales en busca de menores, pero también me costaba creerme otras cosas y finalmente terminé levantado este blog...
Una organización de defensa de los derechos de los menores denuncia que la legislación nacional es permisiva con los delincuentes que cometen sus fechorías en el extranjero
Los turistas sexuales españoles gozan de una total impunidad. EFE
Vergüenza doble. Según la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM), entre 30.000 y 35.000 españoles viajan anualmente a Latinoamérica expresamente para tener relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes. Además, ningún tribunal nacional ha condenado a ciudadano alguno que haya utilizado las redes de prostitución infantil durante sus viajes al extranjero.
La coordinadora general del área de comunicación de este organismo, Isabelle Peris, aclaró que el principio de extraterritorialidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite juzgar a los presuntos pederastas españoles que actúan fuera de nuestras fronteras.
Sin embargo, «la ambigüedad» del Código Penal en este tema, la carencia de campañas de sensibilización efectivas y la «ausencia de mecanismos eficaces de cooperación policial internacional» han provocado «la actual situación de impunidad». Asimismo, recordó que España tenía que haberse adaptado a la normativa europea antes de enero del 2006. Así, la ley a este respecto es la más tolerante.
De hecho, en Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y EEUU, por citar solo algunos ejemplos, ya se han producido condenas contra ciudadanos de estos países por abusos, agresiones o corrupción de menores fuera de sus Estados de origen. Sin embargo, «En España no se puede perseguir con la ley en la mano al cliente de prostitución infantil, sino tan solo al proxeneta».
Además, la jurisprudencia «genera una desprotección de los niños totalmente inusual en Europa», porque «responsabiliza al menor de su propio grado de corrupción». Es decir, que si el niño lleva ya tiempo prostituyéndose se puede considerar que el cliente no ha favorecido su corrupción, y puede ser absuelto.
«No se tiene en cuenta el principio superior de la defensa del interés del menor, que es un colectivo especialmente vulnerable que la sociedad debe amparar si se encuentra en situación de riesgo», recalcó.
Respecto a la colaboración policial, la defensora de los derechos del menor consideró que el problema «no es solo la corrupción policial imperante en algunos de los llamados paraísos sexuales», sino también «la falta de voluntad del Gobierno central para tomar medidas».
Así, por ejemplo, España no realiza las llamadas pruebas preconstituidas que permitirían tomar declaración con garantías a las víctimas y a los testigos en el país donde se haya efectuado el delito. Las comparaciones pueden llegar a ser lamentablemente odiosas. Estados Unidos tiene en muchas de sus embajadas en Asia profesionales encargados de personarse en este tipo de testificales para asegurarse que hay garantías legales y facilitar que, posteriormente, el juez las acepte como pruebas.
La falta de sensibilidad de la población sobre este tema es «otro punto esencial», según Peris, que aseveró que «hay infinidad de estereotipos falsos que facilitan la explotación de los niños».
Los turistas sexuales españoles no son todos pedófilos, es decir, no todos presentan una patología clínica, sino que muchos utilizan los servicios de menores de manera esporádica, escudados en estereotipos falsos como que En estos países los menores maduran antes o que A estos niños y adolescentes les haces un favor porque no tienen qué comer.
En el territorio nacional también está aumentando la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, en parte, por la extensión de ciertos estereotipos. Así, por ejemplo, el número de delitos por consumo de material de este tipo en internet ha crecido un 72 por ciento entre el 2006 y el 2007, porque «la gente piensa que ver una foto que mucha gente ha visto antes no es delito, cuando en realidad no se trata solo de una instantánea, sino de la prueba de un delito». España es también país de destino de redes de trata de menores, en general procedentes de los países subsaharianos y de Europa del Este.
Pero el problema no se circunscribe a los menores emigrantes o a los residentes en países pobres, ya que el fenómeno japonés llamado Enjo kosai se está extendiendo por todos los países occidentales, según Peris. Este término se utiliza para describir una práctica cada vez más habitual en el país asiático, donde hombres mayores regalan ropa u otros objetos de consumo a adolescentes a cambio de compañía o servicios sexuales. «El creciente mercantilismo de la sociedad facilita que los menores acepten convertirse en objeto de consumo intercambiables por otros objetos de consumo», apostilló Peris.
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