Noticia del 2 de Julio del 2009
COMENTARIO: Llega la aclaración del caso de los dos gijoneses detenidos por pornografía infantil, donde ayer se notificaba la petición de retirada de cargos contra uno de ellos por parte de la propia fiscalía, derivado todo por ser dos personas comunes que compartían la lína de internet contratada en su casa.
«No voy a decir que perdí el trabajo por esto, porque la construcción está como está, pero es ya la cuarta vez que tengo que declarar». Así se expresaba, en un receso del juicio que se celebró ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, un gijonés de 35 años que sin esperárselo se vio envuelto en un caso de supuesta distribución de pornografía infantil por internet. En 2007 compartía piso con un informático, un hombre de mediana edad, cuyo nombre responde a las iniciales P. R. R., que había descargado con el E-mule 32.000 imágenes de contenido sexual con menores de edad, incluyendo niños de 2 y 3 años.
El embrollo judicial en el que se vio envuelto el joven gijonés fue provocado porque la linea de teléfono a través de la que ambos accedían a internet estaba a su nombre. Cuando se sentó en el banquillo de los acusados, se enfrentaba a una petición de cinco años de cárcel. Al finalizar la vista oral del juicio celebrado ayer, la fiscalía retiró la acusación, después de que los agentes de la Guardia Civil que revisaron su ordenador personal declararan que en el mismo no había rastro de ninguna imagen de pornografía infantil. Había acudido al juicio en calidad de imputado pese a que ante la Guardia Civil había declarado como testigo.
La fiscalía sí mantuvo la petición de cinco años de cárcel para su antiguo compañero de piso, P. R. R. La Guardia Civil había encontrado rastros en un disco duro de su propiedad de que había descargado de internet las 32.000 fotografías y vídeos de contenido pedófilo, con imágenes de menores de 13 años «especialmente vejatorias», según destacó la fiscal. En el momento de la detención, esos ficheros habían sido borrados, pero pudieron ser recuperados por los agentes con programas especiales.
P. R. R. fue arrestado en el marco de una operación a escala nacional contra la pornografía infantil, iniciada en Pontevedra, pero con ramificaciones en toda España. El 15 de octubre de 2007 se registró el domicilio que compartían ambos acusados.
La defensa del presunto pedófilo pidió en cambio que se le condenase sólo a tres meses de cárcel, alegando que en ningún momento su defendido había distribuido pornografía infantil por internet. P. R. R. reconoció haber descargado esos archivos, que a continuación trasladaba a un disco duro distinto al que usaba para las descargas.
Una de las claves para que el tribunal decida la pena será si estima, como mantiene la fiscalía, que la mera descarga con el E-mule ya supone la distribución de los archivos ilegales (en el E-mule se comparte con otros usuarios los archivos que se descargan de internet) o, como sostiene la defensa, no hubo ninguna intención de distribuir esos archivos, que ya eran accesibles para cualquiera a través de internet. La defensa leyó parte de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de enero para respaldar sus tesis.
La fiscalía mantuvo la petición inicial de 5 años de cárcel para P. R. R., acusado de compartir archivos de pornografía infantil a través del programa E-mule. La defensa pidió como máximo 3 meses de cárcel alegando que el acusado no distribuyó esos archivos, sino que sólo los descargó. La fiscalía retiró la petición de 5 años de cárcel para el propietario de la línea telefónica que usó P. R. R. para las descargas.
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_35_776495__Gijon-banquillo-compartir-telefono
COMENTARIO: Llega la aclaración del caso de los dos gijoneses detenidos por pornografía infantil, donde ayer se notificaba la petición de retirada de cargos contra uno de ellos por parte de la propia fiscalía, derivado todo por ser dos personas comunes que compartían la lína de internet contratada en su casa.
«No voy a decir que perdí el trabajo por esto, porque la construcción está como está, pero es ya la cuarta vez que tengo que declarar». Así se expresaba, en un receso del juicio que se celebró ayer en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, un gijonés de 35 años que sin esperárselo se vio envuelto en un caso de supuesta distribución de pornografía infantil por internet. En 2007 compartía piso con un informático, un hombre de mediana edad, cuyo nombre responde a las iniciales P. R. R., que había descargado con el E-mule 32.000 imágenes de contenido sexual con menores de edad, incluyendo niños de 2 y 3 años.
El embrollo judicial en el que se vio envuelto el joven gijonés fue provocado porque la linea de teléfono a través de la que ambos accedían a internet estaba a su nombre. Cuando se sentó en el banquillo de los acusados, se enfrentaba a una petición de cinco años de cárcel. Al finalizar la vista oral del juicio celebrado ayer, la fiscalía retiró la acusación, después de que los agentes de la Guardia Civil que revisaron su ordenador personal declararan que en el mismo no había rastro de ninguna imagen de pornografía infantil. Había acudido al juicio en calidad de imputado pese a que ante la Guardia Civil había declarado como testigo.
La fiscalía sí mantuvo la petición de cinco años de cárcel para su antiguo compañero de piso, P. R. R. La Guardia Civil había encontrado rastros en un disco duro de su propiedad de que había descargado de internet las 32.000 fotografías y vídeos de contenido pedófilo, con imágenes de menores de 13 años «especialmente vejatorias», según destacó la fiscal. En el momento de la detención, esos ficheros habían sido borrados, pero pudieron ser recuperados por los agentes con programas especiales.
P. R. R. fue arrestado en el marco de una operación a escala nacional contra la pornografía infantil, iniciada en Pontevedra, pero con ramificaciones en toda España. El 15 de octubre de 2007 se registró el domicilio que compartían ambos acusados.
La defensa del presunto pedófilo pidió en cambio que se le condenase sólo a tres meses de cárcel, alegando que en ningún momento su defendido había distribuido pornografía infantil por internet. P. R. R. reconoció haber descargado esos archivos, que a continuación trasladaba a un disco duro distinto al que usaba para las descargas.
Una de las claves para que el tribunal decida la pena será si estima, como mantiene la fiscalía, que la mera descarga con el E-mule ya supone la distribución de los archivos ilegales (en el E-mule se comparte con otros usuarios los archivos que se descargan de internet) o, como sostiene la defensa, no hubo ninguna intención de distribuir esos archivos, que ya eran accesibles para cualquiera a través de internet. La defensa leyó parte de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de enero para respaldar sus tesis.
La fiscalía mantuvo la petición inicial de 5 años de cárcel para P. R. R., acusado de compartir archivos de pornografía infantil a través del programa E-mule. La defensa pidió como máximo 3 meses de cárcel alegando que el acusado no distribuyó esos archivos, sino que sólo los descargó. La fiscalía retiró la petición de 5 años de cárcel para el propietario de la línea telefónica que usó P. R. R. para las descargas.
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070200_35_776495__Gijon-banquillo-compartir-telefono
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