NOTICIA: Conde-Pumpido solicita la especialización de los fiscales de la Audiencia Nacional y una LEC "de la democracia"

Noticia del 29 de Septiembre del 2008

COMENTARIO: Resaltar el último párrafo: "o endurecer las penas por tenencia de pornografía infantil."

Varias fiscalías plantean suprimir el carácter automático de las medidas de alejamiento en casos de violencia doméstica

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclama al Gobierno una modernización de la Fiscalía de la Audiencia Nacional dirigida a especializar a sus miembros en las distintas materias que competen a este órgano judicial, como son el terrorismo, el narcotráfico y los grandes delitos económicos, con el fin de mejorar la calidad de la respuesta del Ministerio Público frente a los diferentes delitos.
La propuesta se incluye en el capítulo de Reformas Legislativas de la Memoria de la Fiscalía relativa a 2007 que se hizo pública hoy con motivo de la apertura del Año Judicial. Conde-Pumpido cree que la citada especialización debe ser abordada en coincidencia con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), para cuya consecución considera "imprescindible" la búsqueda del consenso parlamentario durante la actual Legislatura.
Así, la Memoria recuerda que tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978 todas las jurisdicciones han sido objeto de una nueva regulación procesal con excepción de la Penal, lo que da lugar a "una de las mayores paradojas de nuestro sistema jurídico" y hace necesaria "una Ley de Enjuiciamiento Criminal de la democracia"
Conde-Pumpido recuerda que es hora de que las "reiteradas promesas de una renovación integral" de esta norma tomen cuerpo y recuerda que el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Público, aprobado octubre de 2007, está concebido precisamente "para prepara a esta institución ante cualquier cambio procesal, por profundo que sea, que pueda plantearse a corto o medio plazo".

FISCALES INSTRUCTORES
La Fiscalía no alude de forma explícita en la Memoria a la capacitación de los fiscales para llevar a cabo la instrucción penal, si bien recuerda al legislador que esta institución está preparada para "asumir las funciones y -sobre todo- las responsabilidades inherentes al papel que corresponde al Ministerio Público en las legislaciones más desarrolladas de nuestro entorno", donde los fiscales sí lideran las investigaciones.
En cuanto a la especialización de los fiscales de la Audiencia Nacional, la petición se justifica en la necesidad de evitar por parte de estos fiscales "el enorme sobreesfuerzo que supone en la actualidad la necesidad de simultanear lo urgente con lo importante".
Por ello, reclama "separar en lo posible, para dedicarles esfuerzos concentrados e ininterrumpidos", el conocimiento de las causas relacionadas con el terrorismo de las que tienen por objeto los grandes delitos económicos y los asuntos de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Además, la Fiscalía sugiere que se proceda a una "recomposición" de atribuciones en la Audiencia nacional que permita asumir la competencia de nuevos hechos delictivos, como la delincuencia on-line y el tráfico de seres humanos.

QUEBRANTAMIENTOS CONSENTIDOS.
Varias fiscalías, como las de Soria, Aragón, Córdoba y Girona, reclaman la supresión del carácter automático de las medidas de alejamiento en casos de violencia doméstica. Se trata de evitar situaciones absurdas como las que se producen cuando la víctima decide reanudar la convivencia con el agresor pese a existir resolución judicial que lo prohíbe, encontrándose los jueces y fiscales ante los denominados "quebrantamientos consentidos".
El fiscal jefe de Tarragona discrepa de sus compañeros, al entender que una reforma que eliminara la imposición obligatoria de medidas de alejamiento en las condenas por violencia de género precisaría de Unidades de Valoración Integral en los Jugados para constatar la inexistencia de situaciones de riesgo para la víctima en cada caso concreto.
"De no ser así, nos parece arriesgada la reforma -plantea la Fiscalía tarraconense-, toda vez que el corto espacio de tiempo de que dispone el juez (en los juicios rápidos) le impide averiguar todas las circunstancias concurrentes, así como efectuar una ponderación sosegada, para llegar a la convicción de que no existe situación de riesgo que requiera dichas prohibiciones".

DOBLE INSTANCIA PENAL.
La Memoria recoge igualmente el interés del Ministerio público en la instauración de la doble instancia penal, al entender que existen vías legislativas que, sin necesidad de convertir al recurso de apelación en un recurso extraordinario -tal y como pretendía el proyecto de reforma legal que fracasó en Cortes durante la anterior Legislatura-, puedan hacerse compatible la doctrina constitucional con las exigencias derivadas de la suscripción por el Estado español de diversos Convenios Internacionales al respecto.
Así, las propuestas de reforma podrían ser dos, según la Fiscalía: el establecimiento de un sistema de apelación plena que permitiera la proposición y repetición de las pruebas en la segunda instancia, y la grabación del juicio oral en primera instancia "a fin de que el tribunal 'ad quem' pueda, en la segunda, proceder con inmediación al visionado de los correspondientes soportes magnéticos en los que se grabó el resultado de las pruebas personales".
Otras sugerencias de reforma legislativa planteadas las diferentes fiscalías provinciales pasan por propiciar que pueda suspenderse la privación del derecho de conducir, por entender que "el conductor con la pena suspendida sería seguramente más prudente en la carretera" o endurecer las penas por tenencia de pornografía infantil.

http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/775638/09/08/CondePumpido-solicita-la-especializacion-de-los-fiscales-de-la-Audiencia-Nacional-y-una-LEC-de-la-democracia.html