Noticia del 26 de Agosto del 2008
El Ministerio de Cultura y el de Industria cabalgan juntos de nuevo. Después de pactar los precios y dispositivos afectados por el llamado canon digital, se acaban de poner un nuevo reto: "La definición de un marco jurídico coherente y seguro para la defensa de los derechos de propiedad intelectual tanto en el ámbito nacional como en el seno de la Unión Europea, aprovechando la presidencia española en el primer semestre de 2010". Así lo aseguraron este jueves en un comunicado tras la reunión de la Comisión Intersectorial que ha presidido el ministro de Cultura, César Antonio Molina.
El reto, reducida drásticamente la venta ilegal de contenidos en la calle, en forma de top manta, salta ahora a Internet, lo que equivale a poner coto a los programas de intercambio de archivos (P2P) como eMule o BitTorrent. Por eso, en el comunicado se habla expresamente de la necesaria colaboración de las operadoras de comunicaciones electrónicas y prestadores de servicios de acceso a Internet (ISP) con las entidades de gestión de derechos de autor.
Colaboración de ISP y autores.
La Comisión Intersectorial ha definido una serie de medidas maestras para lograr su objetivo de luchar contra lo que definen en general como "piratería". El foco principal de las actuaciones será "la lucha contra los atentados a la propiedad intelectual que tienen lugar en el entorno digital". Para ello, uno de los puntos que resalta el Ministerio de Cultura, que dirige César Antonio Molina, es la colaboración entre los actores implicados.
El texto de la Comisión Intersectorial dice literalmente: "La Comisión llama igualmente a los titulares de contenidos y a las operadoras de comunicaciones electrónicas y prestadores de servicios de la sociedad de la información a reforzar su compromiso de colaboración en la lucha contra la piratería digital".
A renglón seguido menciona la necesidad de dar a los ciudadanos una contrapartida en forma de "una oferta de contenidos lo más amplia, plural y segura posible". Para suplir por negocio lo que se quiere eliminar, se impulsará "la consecución de acuerdos entre la industria de los contenidos y los operadores de Internet en la búsqueda de nuevos modelos de negocio que [...] ofrezcan mayor valor añadido e interés para los consumidores".Otra tarea a la que se han comprometido los miembros de esta comisión es la de sensibilizar a los internautas.
Por ello, se difundirá un Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual, que ha sido elaborado por el Ministerio de Cultura, Justicia, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Fiscalía General, las entidades de gestión de derechos (entre ellas SGAE) y la Federación Española de Municipios y Provincias. Algunos operadores ya habían iniciado este camino por su cuenta.
Telefónica acaba de lanzar el programa Educar para Crear en colaboración con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la multinacional de contenidos Universal NBC y Microsoft. Concretado en una web del mismo nombre, el proyecto busca que los derechos de propiedad intelectual se integren en el currículo escolar para que los niños aprendan la importancia de respetarlo. Telefónica también tiene otras partidas dedicadas a la sensibilización de sus usuarios.
Ausencia de los internautas
En el acto, celebrado en la Biblioteca Nacional, estaban presentes todos los miembros de la Comisión Intersectorial creada para actuar contra las actividades que vulneren los derechos de propiedad intelectual. Hasta 12 ministerios del Gobierno tenían representación, además de las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, el ayuntamiento de Barcelona y el madrileño junto a la Federación Española de Municipios y Provincias.Por parte de la industria, acudieron todos los que son en el campo de los derechos de autor: SGAE, Cedro, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes... y así hasta la decena.
Por parte del sector tecnológico, son miembros de la comisión la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), las dos principales representantes de los fabricantes de tecnología y electrónica (Asimelec y Aetic), la Business Software Alliance, la CEOE, la Federación contra la Piratería e, incluso, el departamento de propiedad intelectual de la editora Prisa.
Los que no estaban presentes eran los ciudadanos, ni por medio de asociaciones de consumidores ni por los colectivos de internautas.
- Una oleada de medidas que viene de Europa:
Directivas. La brecha del Parlamento
Las enmiendas aprobadas esta semana en el Parlamento Europeo, aunque no contienen un ataque frontal contra el intercambio de archivos si abren una doble vía por la que pueden transitar los propietarios de derechos de autor: la inclusión en los contratos entre operador y usuario de cláusulas que recuerden la obligación de respetar la propiedad intelectual y la necesidad de buscar cauces de colaboración entre proveedores de acceso y entidades de gestión. Las asociaciones de usuarios anuncian una campaña de cara a la votación en el pleno, prevista para el 3 de septiembre.
Tres avisos. El modelo francés
En noviembre del año pasado, el gobierno francés presentaba el ‘Informe Olivennes', dirigido por el presidente de la cadena de tiendas FNAC. Allí se postulaba el sistema de los tres avisos y el organismo Hadopi. Este podría recibir denuncias de los propietarios de derechos de autor y exigir a las operadoras que cortaran la conexión a los internautas que intercambien archivos protegidos, después de dos avisos. El informe, en el que participaron también los ministerios de Cultura e Industria galos, las entidades de gestión de derechos y las operadoras, se convirtió en proyecto de ley en sólo unos meses. La Asamblea Nacional francesa lo estudiará el próximo otoño.
Autorregulación. Cartas inglesas
En el Reino Unido, la aproximación al problema ha sido algo diferente. Consecuente con la tradición liberal británica, los proveedores de acceso a Internet y la BPI (la industria discográfica británica) están buscando formas de colaboración sin que tenga que intervenir el gobierno.
De hecho, el ISP Virgin ya ha comenzado a mandar cartas a los internautas que se han destacado por descargar grandes cantidades de archivos. BT ha anunciado que estudia una medida similar. En todo caso, el gobierno de Gordon Brown ya ha avisado que si ellos no se ponen de acuerdo, podría importar la ley francesa.
