Noticia del 16 de Septiembre del 2009
La Provincia de Río Negro prohibirá el desempeño de labores dentro de la estructura del Estado provincial que tengan directo trato con niños y adolescentes a aquellos que padezcan condenas por delitos sexuales. La medida fue aprobada por la Legislatura y principalmente alcanza a la docencia y personal de servicio de las escuelas.
El proyecto de la legisladora de El Bolsón, Patricia Ranea Pastorini, establece que serán inhábiles para el desempeño y ejercicio de todo cargo, empleo, actividad o profesión relacionados con el cuidado, atención, instrucción, enseñanza y demás servicios públicos que impliquen el trato directo con niñas, niños y adolescentes, quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual.
La norma alcanza a funcionarios y agentes del Estado incluyendo entes autárquicos e instituciones públicas o privadas de la provincia cuya actividad implique algún vínculo con niños.
La inhabilidad tendrá carácter “provisional” para quienes se encuentren con proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos contra la integridad sexual, tipificados en el Código Penal de la Nación Argentina, ocasionando preventivamente, la suspensión inmediata al cargo, empleo, actividad o profesión de que se trate o la suspensión del trámite de ingreso, hasta tanto recaiga sentencia firme.
El último caso público donde se suspendió de actividades con los niños por un proceso pendiente judicial vinculado a la distribución de pornografía infantil, se registró en Bariloche con el docente Ricardo Runge, quien fue separado provisoriamente por el Consejo Provincial de Educación de las horas cátedra que mantenía en un colegio secundario.
La norma también contempla que la autoridad de aplicación deberá exigir en todo trámite de ingreso a un cargo el certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, como requisito obligatorio para acceder al mismo.
La autora del proyecto expresó que "la problemática del abuso y maltrato de niños y adolescentes tiene una complejidad intrínseca que requiere una particular escucha, un especial abordaje, adecuándolo en cada situación a las necesidades y circunstancias que atraviese la víctima y su familia, soslayando cualquier ideología que impida profundizar en la cuestión que se plantee".
Ranea Pastorini señaló además que los especialistas médicos "coinciden en establecer el carácter crónico de la pedofilia, entendiéndose como trastorno o desorden psiquiátrico con un altísimo índice de reincidencia por su casi nula probabilidad de rehabilitación".
La Provincia de Río Negro prohibirá el desempeño de labores dentro de la estructura del Estado provincial que tengan directo trato con niños y adolescentes a aquellos que padezcan condenas por delitos sexuales. La medida fue aprobada por la Legislatura y principalmente alcanza a la docencia y personal de servicio de las escuelas.
El proyecto de la legisladora de El Bolsón, Patricia Ranea Pastorini, establece que serán inhábiles para el desempeño y ejercicio de todo cargo, empleo, actividad o profesión relacionados con el cuidado, atención, instrucción, enseñanza y demás servicios públicos que impliquen el trato directo con niñas, niños y adolescentes, quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual.
La norma alcanza a funcionarios y agentes del Estado incluyendo entes autárquicos e instituciones públicas o privadas de la provincia cuya actividad implique algún vínculo con niños.
La inhabilidad tendrá carácter “provisional” para quienes se encuentren con proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos contra la integridad sexual, tipificados en el Código Penal de la Nación Argentina, ocasionando preventivamente, la suspensión inmediata al cargo, empleo, actividad o profesión de que se trate o la suspensión del trámite de ingreso, hasta tanto recaiga sentencia firme.
El último caso público donde se suspendió de actividades con los niños por un proceso pendiente judicial vinculado a la distribución de pornografía infantil, se registró en Bariloche con el docente Ricardo Runge, quien fue separado provisoriamente por el Consejo Provincial de Educación de las horas cátedra que mantenía en un colegio secundario.
La norma también contempla que la autoridad de aplicación deberá exigir en todo trámite de ingreso a un cargo el certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, como requisito obligatorio para acceder al mismo.
La autora del proyecto expresó que "la problemática del abuso y maltrato de niños y adolescentes tiene una complejidad intrínseca que requiere una particular escucha, un especial abordaje, adecuándolo en cada situación a las necesidades y circunstancias que atraviese la víctima y su familia, soslayando cualquier ideología que impida profundizar en la cuestión que se plantee".
Ranea Pastorini señaló además que los especialistas médicos "coinciden en establecer el carácter crónico de la pedofilia, entendiéndose como trastorno o desorden psiquiátrico con un altísimo índice de reincidencia por su casi nula probabilidad de rehabilitación".
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