ARTICULO: La ley Zapatero para internet (por Susana Gaviña)

Noticia del 16 de Marzo del 2009

Francia avanza con paso firme para poner límites a la piratería en internet. La semana pasada se debatió en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para disuadir a los piratas de descargarse de manera ilegal los contenidos de la red -especialmente archivos de música y películas- .

¿Cómo lo hará? A través de un modelo de tres avisos realizados por una autoridad, Hadopi, encargada de velar por los derechos de autor, y que acabará con la desconexión del usuario si no hace caso de los dos primeros avisos. La medida ya ha surtido efecto en otros países que han logrado reducir esta conducta ilegal en más de un 65 por ciento. Según la ministra de Cultura gala, Christine Albanel, la primera desconexión no tendrá lugar hasta 2010.

«Lista de vigilancia»
Es precisamente a principios de ese mismo año, 2010, cuando España -que asumirá entonces la presidencia de la Unión Europea- espera tener su propia legislación para paliar esta práctica que ha puesto a nuestro país en el punto de mira. Si el año pasado Estados Unidos ya la incluyó en la «lista de vigilancia» por piratería online, este mismo año la International Intellectual Property Alliance (IIPA) ha acusado al gobierno español de no tomar medidas contra ella. «Los niveles de piratería en internet en España siguen empeorando, puesto que muchas de las industrias del «copyright» creen que el país tiene mayor problema de piratería per cápita de Europa y uno de los peores ratios de piratería en la red del mundo», afirma un informe en el que responsabiliza al ejecutivo español de esta situación por despenalizar el intercambio de archivos P2P».

El mismo texto recoge algunas cifras, como que en 2008 se descargaron de manera ilegal dos millones de canciones, frente a la venta legal de 2,2 millones de archivos; o de que un 67 por ciento de los internautas españoles afirman descargarse contenidos de manera ilegal, cifra que sube al 81 por ciento cuando la edad baja de los 24 años. Asimismo, lanza una recomendación al gobierno de Zapatero: retirar la circular de la Fiscalía de 2006 que despenaliza el P2P, así como reforzar el personal del Ministerio de Industria para que investigue estas conductas, y las divisiones tecnológicas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. A lo que añade la necesidad de alcanzar un acuerdo entre los proveedores de servicios de internet (ISP) y los dueños de los contenidos, «para prevenir infracciones». Este esfuerzo, continúa el informe, debería incluir la «implementación de medidas de respuestas gradual como sanciones a los usuarios que abusen de sus cuentas de ISP». Este liderazgo en piratería ha provocado la huida de inversiones y empresas multinaciones que ven peligrar su cuenta de resultados, lo que convierte a España en un país menos competitivo. Esto mismo afecta a la exportación y la implantación de la industria cultural de nuestro país, restándole poder económico.Un informe de Estados Unidos responsabiliza al Gobierno español del empeoramiento y de la despenalización de la piratería en internetPor eso en España hace tiempo que las partes más afectadas se han sentado a la mesa para negociar con las operadoras. Dese hace meses se está trabajando en un documento que debería estar consensuado antes del verano, texto que posteriormente servirá de base para que el Ministerio de Cultura, y otros ministerios como el de Industria, se ponga manos a la obra para diseñar una ley que disuada a los piratas y que respalde la supervisión de la circulación y las descargas de contenidos en la red. Las operadoras, que son las que tienen acceso a dicha información, no están dispuestas a dar un paso sin salvoconducto. Una medida que el propio ministro de Cultura calificó el pasado mes de diciembre como «impopular». Quizá por eso, y porque aún supuran algunas heridas tras la aprobación del canon digital, la negociación se está llevando con pies de plomo y parece ser que tampoco se va a llegar a una medida tan drástica como la francesa, inclinándose más por una disminución de la velocidad de la banda ancha -ya de por sí es una de las más bajas de Europa- como medida de represión, aunque es algo que todavía está por decidir.

Un borrador en invierno
El primer paso ha consistido en sentar a la misma mesa de negociación a la asociación Redtel, que es el representante de las principales operadoras -Telefónica, Ono, Orange-Ya.com y Vodafone-Tele2)-, que controlan el 90 por ciento de los 9 millones de banda ancha que hay en España, las entidades de gestión -SGAE, Egeda, Promusicae-, los fabricantes de software y la industria discográfica. Todas los implicados han suscrito un pacto de silencio para que no se filtre ninguna información hasta que se haya llegado a un acuerdo. En verano debería ser presentado un informe, aunque al parecer la negociación va algo más lenta de lo previsto. Éste iría dirigido a Cultura que junto a otros ministerios como el de Industria realizarían el borrador de una ley antes de que concluyera el año, para poder discutirlo a principios de 2010.

Desde el lado de los usuarios no se ha hecho esperar la respuesta y denuncian la vulneración de los derechos a la intimidad y a la privacidad si las operadoras terminan facilitando información sobre sus clientes. El debate sobre la ley Zapatero está en la mesa.

http://www.abc.es/20090316/cultura-cultura/zapatero-para-internet-20090316.html

ARTICULO: El control de las descargas

Artículo del 18 de Diciembre del 2008

COMENTARIO: Recientemente Indignado, uno de los mayores activistas sobre el debate abierto y público sobre las detenciones, comentaba posibles soluciones o sugerencias para controlar y filtrar contenidos de pornografía infantil dentro del p2p. Ayer mismo, Javier Ribas, socio de la firma Landwell - PricewaterhouseCoopers, publicaba un artículo sobre el control de descargas de derechos de autor dentro del emule, alternativa a la gestión de estos sistemas sin acceder realmente a la privacidad del usuario implicado. Este tema, sumamente debatido y conflictivo ha permitido que defensores de los intereses económicos de los derechos de autor hayan entrado en un batalla por un consenso acerca del tema y su legíslación contra los propios intereses de la comunidad internauta, que exigen una libertad total sobre los medios que pueden usar en Internet.

Mi preocupación sobre todo esto es el motivo de porqué no se hacen debates similares acerca la pornografía infantil en servidores de búsqueda o en las mismas aplicaciones p2p, ya no sólo por parte de empresas como puede ser PricewaterhouseCoopers, sinó por el propio gobierno, o en su defecto a empresas que puedan hacer este tipo de propuestas a petición de organismos institucionales.

Continuamente vemos estadísticas del consumo de pornografía infantil, pero nunca vemos que estos mismo organismos propongan soluciones o posibles filtros contra estos contenidos, posiblemente por la carencia de beneficios económicos que les puedan beneficiar, y esto mismo me entristece, que se genere debate sobre esta lacra pero REALMENTE los que más critican, advierten o persiguen no aportan soluciones, ni tan siquiera debates. Obviamente es un material que es obligado la persecuación de estos delitos, pero cuando se actuará sobre el origen, cuando intentará tajar este problema de raíz, o almenos a media expansión, y no sólo sobre las ramificaciones finales.

Javier Ribas, socio de Landwell-PwC, defiende que legalmente se podría llegar a establecer un sistema de avisos sin interferir con la privacidad de los usuarios

En pleno debate sobre la posibilidad de aplicar en España el modelo francés de respuesta gradual, surge la controversia sobre la legalidad de un eventual control sobre las descargas que los usuarios de Internet realizan.

El sistema de respuesta gradual consiste en exigir a los proveedores de acceso a Internet que comprueben el tráfico que generan sus clientes domésticos e identifiquen a los que puedan estar realizando descargas de copias no autorizadas de obras protegidas por la propiedad intelectual. A partir de ese momento, se inicia una cadena de avisos que, en el caso de que el cliente persista, puede acabar en la limitación de la velocidad de descarga, en el bloqueo temporal de la cuenta, o incluso en la resolución del contrato.

Cualquier propuesta para restringir el uso a los usuarios que realizan descargas de copias no autorizadas es un asunto complejo, que se enfrenta a los siguientes obstáculos:

1. La oposición frontal de los usuarios.

2. El debate sobre la legalidad del control y monitorización de las comunicaciones.

3. La impopularidad de cualquier medida restrictiva.

4. La dificultad para determinar si la descarga corresponde a una copia no autorizada.

5. La lógica resistencia de los operadores a controlar a sus clientes y a restringir el uso de sus servicios en un entorno de gran competencia.

El sistema de respuesta gradual va orientado a la simplificación técnica del control de las descargas, basándolo en análisis cualitativos y cuantitativos.

Análisis cualitativos

Los análisis cualitativos tienen en cuenta que los programas P2P utilizan unos protocolos fácilmente identificables en la capa de transporte. Por ello, el análisis predictivo de los posibles contenidos puede hacerse sobre los paquetes IP transmitidos, sin entrar en su contenido. El control de estos paquetes es consustancial con el servicio prestado por el operador y con las labores de enrutamiento, confirmación de la recepción, monitorización del estado de la red, prevención de incidentes de seguridad, etc.

En otras palabras, los operadores ya están accediendo en la actualidad al tráfico de datos generado por sus clientes para realizar funciones que son necesarias para su labor de transporte de la información. Estas funciones son automatizadas y están relacionadas con la eficacia y la seguridad del servicio.

Los análisis cuantitativos tienen en cuenta el volumen y la continuidad de las descargas. Se basan en la suposición de que un usuario que realiza descargas P2P veinticuatro horas al día durante largos periodos de tiempo tiene que estar descargando copias no autorizadas, además de otros contenidos.

Estos análisis cuantitativos se realizan también en otros tipos de proveedores. Por ejemplo, una empresa suministradora de electricidad puede llegar a la conclusión de que tenemos aire acondicionado en casa si en los días calurosos aumenta nuestro consumo eléctrico. Y una empresa suministradora de gas puede interpretar que tenemos calefacción a gas si en los días fríos aumenta nuestro consumo de este combustible.

La elaboración de estos patrones de consumo se realiza de forma automática y son inherentes a la prestación del servicio, al control de la calidad y la facturación del consumo. Un fallo en la elaboración de estos patrones puede provocar fallos y demoras en el suministro. En un servicio ADSL con tarifa plana, el consumo es irrelevante para el usuario, pero no para el proveedor, que debe adecuar su infraestructura al comportamiento global de sus clientes.

Este análisis del consumo puede realizarse sin entrar en el contenido de las comunicaciones, obteniendo conclusiones que determinan los usos a los que el cliente destina su cuenta de ADSL.

La base jurídica de estos análisis y comprobaciones reside en el consentimiento. Los contratos que regulan los servicios de ADSL contienen cláusulas en la que generalmente se establece:

1. La posibilidad de monitorizar el uso del servicio.

2. La prohibición de realizar usos contrarios a la ley o expresamente excluidos del contrato.

3. La posibilidad de resolución unilateral del contrato en caso de incumplimiento grave o reiterado por parte del usuario.

Estos tres pactos, que el usuario acepta al contratar el servicio, se consideran suficientes para aplicar las medidas de control y restricción previstas.

Lo que el sistema de respuesta gradual propone es que existan fases intermedias entre la identificación de un usuario que descarga copias no autorizadas y la resolución del contrato. En esas fases se daría una oportunidad al cliente para corregir su conducta antes de llegar a la decisión drástica de cancelar el servicio.

Análisis cuantitativos

Analicemos con más detalle las posibles fases de un sistema de respuesta gradual basado en análisis meramente cuantitativos:

1. El proveedor (ISP) comprueba de forma automatizada y rutinaria las estadísticas de consumo mensual de sus clientes domésticos.

2. El sistema informático del ISP identifica a los usuarios cuyas estadísticas de consumo son muy superiores a los patrones habituales previstos para un usuario doméstico. Además este se consumo se prolonga durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

3. El sistema envía un aviso a los usuarios que superan esos límites cuantitativos.

4. El usuario baja su consumo o lo justifica con otros usos no prohibidos en el contrato.

5. Al mes siguiente el sistema comprueba de nuevo un consumo superior a lo normal en los usuarios que no lo han justificado.

6. El sistema envía un nuevo aviso que no es atendido por el usuario.

7. El sistema reduce un 25% la velocidad de descarga.

8. Al mes siguiente sistema reduce un 50% la velocidad de descarga de los usuarios que no han atendido los avisos, y así sucesivamente.

Algo parecido sucede con los contratos de tarifa plana de acceso móvil a Internet UMTS o 3G. El usuario dispone de un ancho de banda asociado al consumo. Cuando se llega al tope del consumo establecido, disminuye automáticamente el ancho de banda.

Cualquier iniciativa legislativa orientada a aplicar el sistema de respuesta gradual, limitando la descarga de copias no autorizadas se centraría por lo tanto en exigir a los operadores la aplicación de medidas ya previstas en sus contratos, basados en análisis cualitativos o cuantitativos también regulados contractualmente.

Ello significa que la aplicación de un sistema de respuesta gradual en España no necesitaría la intervención judicial, ya que tanto el análisis del consumo como las medidas restrictivas del mismo están previstos en los contratos firmados por los usuarios y por lo tanto, condicionados a su consentimiento previo.

Javier Ribas es socio de Landwell-PwC

http://www.elpais.com/articulo/internet/control/descargas/elpeputec/20081218elpepunet_1/Tes